Por: Jorge Vergara Carbíƒí³. La ribera de Barranquilla sobre el ríƒí­o Magdalena comprende tres piezas urbanas, discriminadas asíƒí­: 1) RIBERA OCCIDENTAL 1, que comienza en la Loma y va hasta donde terminan Las Flores. 2) RIBERA Occidental 2, que comienza en el líƒí­mite con Soledad y viene ríƒí­o abajo hasta el caño Arriba 3) CENTRO METROPOLITANO, que comienza en el caño Arriba y termina en la mitad del caño de las compañíƒí­as, o sea donde comienza la ISLA Eternit. El POT vigente en su artíƒí­culo 24, Titulo III, capíƒí­tulo 1, establece para el desarrollo portuario de la ciudad, la consolidaciíƒí³n de servicios portuarios e industriales con productos limpios no contaminantes, para la atracciíƒí³n de inversiíƒí³n extranjera, apertura al turismo, a la recreaciíƒí³n y a la cultura. Los puertos (muelles) actualmente autorizados para operar con carbíƒí³n son: a) Ribera 1: SP MICHELMAR (2010); SP GOLFO DE MORROSQUILLO (muelle de Argos); SP TERMINAL LAS FLORES S.A (2008. No ha entrado en operaciíƒí³n, tiene control de advertencia ambiental). b) Ribera 2: SP ATLANTIC COAL (2006.Actualmente operada por SPRB); SPRB (2006. Ampliaciíƒí³n Almagran). c) Centro-Metropolitano: SP RIVERPORT (2006 En un proceso de construcciíƒí³n); SP INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY (2010.Antigua SP del Norte). d) íƒírea de Futuros Puertos: SP TERMINAL DE MALLORQUíƒíN S.A (2007. No ha entrado en operaciíƒí³n. Tiene control de advertencia ambiental); SP DEL CARIBE S.A (2007.No ha entrado en operaciíƒí³n); SP BOCAS DE CENIZA (1.998.No ha entrado en operaciíƒí³n DESPUES DE 15 Aíƒí€˜OS DE CONCESION). Es importante aclarar que el área de futuros puertos, no tiene víƒí­as de acceso terrestre y la víƒí­a que se tiene proyectada por parte del íƒírea Metropolitana es sobre la ciíƒí©naga de Mallorquíƒí­n, lo que de no hacerse adecuadamente y con Licencia Ambiental podríƒí­a traer problemas ecolíƒí³gicos y legales, costosos para la ciudad, por ser una zona RAMSAR y existir un Control de advertencia ambiental. Como pueden apreciar, el POT vigente contempla para el desarrollo de la Ribera Occidental Ríƒí­o Magdalena 1 y 2, y para el Centro Metropolitano, la consolidaciíƒí³n de servicios portuarios e industriales LIMPIOS NO CONTAMINANTES. Como lo anterior es real, debemos preguntarnos í”í¿quiíƒí©n o quienes en Cormagdalena y en el Distrito de Barranquilla autorizaron las diez (10) Concesiones portuarias para acopiar y exportar carbíƒí³n, si la correcta aplicaciíƒí³n de las normas del POT no lo permite? í”í¿Quíƒí© tipo de criterios ejercen los organismos de control del Distrito y las instituciones ambientales como el DAMAB y la CRA para evitar que Cormagdalena otorgue Concesiones Portuarias carboníƒí­feras en el puerto de Barranquilla y en globos de terrenos realmente pequeños sin protecciones adecuadas? Lo que sucede en los puertos, se repite en toda la ciudad, por falta de control políƒí­tico del Concejo Distrital, que es la entidad encargada de aprobar el POT y, por supuesto la 탺nica entidad que puede aprobar las modificaciones que se le hacen constantemente. Actualmente, se está elaborando un nuevo POT, el cual no se ha socializado, lo que hace el Distrito es informar sobre el POT, que NO es lo mismo que socializarlo. No lo conoce la academia y menos los señores concejales que son los que aprueban dicho plan de ordenamiento territorial. No conocemos una evaluaciíƒí³n del POT vigente comparado con el nuevo POT, para ver los cambios propuestos. No sabemos que se cumpliíƒí³ del POT actual y que se dejíƒí³ de cumplir y cuáles fueron las causas de su incumplimiento. Tampoco sabemos quiíƒí©n responderá, por la demanda impetrada por los habitantes de los barrios de Siape, Las Flores, San Salvador y otros por efecto contaminaciíƒí³n del carbíƒí³n. Estas demandas valen más de $ 100.000 millones de pesos. Pero lo que si sabemos, es que para el año 2012, las regalíƒí­as que recibirá el Distrito por la exportaciíƒí³n de carbíƒí³n, son de $ 84 millones de pesos, cifra insignificante para los problemas ambientales que genera y en especial para cubrir el costo de las demandas impetradas por los habitantes afectados con la contaminaciíƒí³n por carbíƒí³n.

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