Crónica: Jorge Vergara Carbó En el caso “Lezo” y el “Acordeón” hay que ahondar cada vez más hasta que logremos saber la verdad de lo que aconteció con la empresa barranquillera que presta los servicios públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo, que su clase dirigente decidió ante los malos manejos dado por la clase política dominante en ese entonces, buscar los mecanismos jurídicos necesarios para privatizar la prestación de esos servicios, es decir, quitarle la responsabilidad constitucional al ente territorial para entregársela a un sector privado liderado por la Cámara de Comercio y los gremios de la ciudad bajo el supuesto que le darían un mejor manejo a la empresa. Fue así como en el mes de julio de 1.991, en la administración del alcalde Miguel Bolívar Acuña, se tomó la decisión de privatizar la antigua empresa municipal “EPM” que fuera modelo en la década de los años 30 al 60, cuando la manejaba el señor Samuel Hallopeter (1.925-1.945). Con revolver al cinto, representante de los banqueros de Chicago “Central Trust Company” tierra de la mafia norteamericana, llegaron para garantizar que el préstamo que hicieran los banqueros se utilizara en la construcción del acueducto y pavimentación de calles de la ciudad y el pago de esa deuda. Ido el señor Samuel Hallopeter, la empresa empezó a decaer por diversos motivos, a pesar que en el año 1.955 el empresario José Raimundo Sojo expresaba que las EPM de Barranquilla, era la mejor empresa del país e incluso servía de modelo a otras ciudades de Colombia, a pesar de estar su manejo en manos de la clase política de esa década. En los años 60, producto de la inmigración que se originó por ser una ciudad pujante y sobre todo territorio de paz y alegría, la ciudad creció en forma desordenada sin ningún tipo de planeamiento surgiendo barrios de invasión, muchos de ellos impulsados y liderados por los políticos, lo que trajo como consecuencia que los servicios públicos domiciliarios colapsarán, principalmente los de agua, alcantarillado, aseo y telefónico. Todo esto trajo consigo que el servicio en su totalidad y en especial el del agua y alcantarillado se empezara a prestar en forma deficiente en los barrios en los cuales existía el servicio, porque la mayoría, por no decir todos los barrios del suroriente y suroccidente de la ciudad carecían del mismo, el cual era aprovechado por los políticos para hacer politiquería con el agua en esos sectores y enriquecerse con el dolor de los pobres, y a las clases media y alta, vendiéndole el agua por lata, que llevaban en carro de mula o en carro tanque. Se dieron las condiciones nuevamente que se vivieron en los años 20.Con el agravante de cantidad de niños muertos por gastroenteritis. Para desligar el manejo de la nueva empresa de la clase política, dándole participación a la empresa privada, se constituye una nueva empresa que se llamaría “Triple A”, nombre que sale de los servicios de agua, alcantarillado y aseo. Para ello el Concejo distrital emitió un acuerdo, el 023 de 1.991 en el cual autorizaba la creación de la nueva empresa con la condición de que el Distrito no tuviera más del 89% y menos del 85% de las acciones de la compañía. Como aporte, el Distrito entregaba sus activos como capital, los cuales fueron estimados en $32.754 millones de pesos por “COFINORTE” la empresa que se había creado para impulsar el desarrollo industrial de la Región Caribe y como contraprestación recibiría una suma de dinero fija de $6.000 millones por una sola vez, para pagar una deuda que tenía la antigua EPM con el Banco Popular y unas regalías anuales que se pagaría mensualmente, y que tasaron en esa época en $225 millones mensuales, destinados a pagar la nómina de pensionados de la antigua empresa “EPM”, producto de haber fijado el capital en $15.000 millones a una tasa del 1.5% mensual. Los privados, encabezados por los gremios, invirtieron $15 millones de pesos, que fueron acciones que compraron alrededor de 5.490 socios entre personas naturales y empresas o entidades como la Cámara de Comercio, La Libertad, El Heraldo entre otros. Con esos $15 millones de pesos, los privados manejaron la empresa desde ese año, nombrando al abogado Álvaro Osorio Carbonell como su primer gerente.

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