Luego del frustrado atentado contra el concejal del municipio de El Cerrito, (Valle del Cauca), Pedro Nel Valencia Castro, la detención de quien intentó asesinar al cabildante develó que el capturado tenía antecedentes por el delito de homicidio y dos órdenes de captura vigentes, situación que alertó a las autoridades.

El sicario ingresó con el arma en la mano al lugar donde estaba sesionando el Concejo y cuando trató de atentar contra la vida de Valencia Castro, el arma se le trabó. Fue detenido por uno de los escoltas que estaba en el lugar.

La situación que alerta a las autoridades, en especial a la policía, pues como ese joven de 22 años de edad con antecedentes penales, muchos reclusos que están siendo procesados por homicidio, hurto, abuso sexual y otros delitos, podrían quedar libres en los próximos días por cuenta de dos leyes (Ley 1786 de 2016 y Ley 1760 de 2015) que establecieron que una persona detenida de manera preventiva durante un año, tendrá que ser dejada en libertad si aún no se resuelve su proceso.

La inmensa preocupación de la Fuerza Pública es que quienes podrían quedar libres, fueron cobijados con medida de aseguramiento por ser considerados un peligro para la sociedad, ante la gravedad de los ilícitos que cometieron.

La Fiscalía advirtió hace un año que la libertad de cerca de 10.000 procesados dejaría expuestos a los ciudadanos ante peligrosos criminales que regresarían a las calles a seguir delinquiendo. Con la Ley 1786 se pudo evitar esa situación.

Pero ahora renace la preocupación porque el nuevo plazo se venció, alrededor de 12.000 detenidos quedarían libres, hecho que sumaría nuevos peligros a las ya inseguras ciudades del país. Es menester aclarar que esas libertades no se dan de manera automática con el vencimiento del término, se necesita petición de parte para que el juez estudie la solicitud.

Soy un defensor de las medidas alternativas a la pena privativa de la libertad y de la necesidad de adoptar acciones para superar la situación de hacinamiento de las cárceles, por la condición inhumana en la que viven muchos internos, para los cuales no existe atención en salud adecuada, ni seguridad social y carecen hasta de las mínimas condiciones para purgar sus penas con la dignidad que todo ser humano merece; pero también hay que destacar que para gozar de esas penas alternativas o acceder a beneficios, se deben cumplir los requisitos exigidos por la ley, porque la solución tampoco es sacar a la calle a todas las personas privadas de la libertad, aquellas que son consideradas un peligro y ponen en riesgo la integridad de los demás ciudadanos.

Estas normas fueron creadas con el objetivo de reducir la población carcelaria para mejorar las condiciones de reclusión, también por las millonarias demandas contra el Estado por detenciones preventivas violando el procedimiento penal, estos problemas que sin duda merecen toda la atención, no pueden superarse con medidas que originen más traumatismos para la sociedad.

Ante este panorama hay que acompañar a la Fuerza Pública frente a la angustia que provoca la inminente ola de inseguridad que una situación de excarcelación masiva puede provocar. La institucionalidad debe prevalecer y el orden social tiene que ser el objeto de cualquier acción que busque reducir la criminalidad. 

@WilsonRuizO
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